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Crisis del modelo tradicional de gestión tributaria
es algo ya anunciado. Las Administraciones Tributarias más
avanzadas se debaten en la definición de planes estratégicos,
reformas y reorganizaciones que no son otra cosa que muestra
de la inadecuación de los modelos tradicionales de gestión
a un mundo donde la exigencia de respeto a los derechos ciudadanos
irrumpe con una fuerza inimaginable hace pocos años y es causa
de profundas crisis en organizaciones que se entendían modélicas,
en el que las relaciones económicas y el poder de los conglomerados
empresariales han modificado drásticamente el campo y las
reglas de actuación del gestor público, y, en fin, en una
realidad en que la tecnología sugiere alternativas radicalmente
distintas del modo de hacer las cosas.
El proceso de cambio, que ya se percibía hace
unos años, se ha acelerado y ha ganado en complejidad al presentarse
como una realidad palpable la posibilidad de gestionar los impuestos
a través de Internet (como muestra más aparente de lo
que se denominan "nuevas tecnologías". Así,
a decisiones dolorosas, por lo costosas, como es la de reconvertir
las organizaciones tributarias a la gestión por tipo de contribuyente
y abandonar progresivamente la supremacía de la organización
de base territorial, o los desarrollos de organización por áreas
funcionales, etc., se une ahora la perplejidad de qué hacer
con la gestión por teleproceso, que deja obsoleto el mito de
la cercanía
de la gestión al ciudadano como dogma director del buen
servicio público. Pues, al fin y al cabo, ¿qué mas cerca del
contribuyente que situar la ventanilla administrativa en el
salón de su propio domicilio?.
Bien es cierto que, hasta el momento y salvo
excepciones notables, la recepción de Internet en la gestión
tributaria ha venido marcada más por la moda o por una exigencia
social o política que por la aceptación y el convencimiento
de los responsables de la gestión, más preocupados por el día
a día y sus responsabilidades inmediatas que en imaginar un
futuro del que, al fin y a la postre, van a ser otros los que
se beneficien. Por eso, la primera tendencia ha sido la de poner
en explotación en la red la gestión tal cual es, con las menores
adaptaciones posibles: se pretende utilizar el guante de la
mano izquierda en la mano derecha.
Sin embargo, aunque tan sólo sea por la presión
(o gracias a la presión) del mercado, se debe ya admitir el
hecho de que el nuevo medio va a exigir una reinvención de la
Administración y de que es ya momento para reflexionar sobre
la vigencia de viejos principios de la gestión, basados fundamentalmente
en la organización sobre una red territorial, los procedimientos
documentales, la firma manuscrita, las formalizaciones procedimentales
más allá de lo razonable, la prima jurídica a la prueba escrita,
el registro manual de documentos, los escritos ceremoniosos,
los horarios tasados, y, en fin, de la elevación a dogma inamovible
de los comportamientos burocráticos. Estos principios, que pesan
de una forma u otra sobre toda la gestión pública y han permanecido
inalterados durante siglos, no son fácilmente superables, pero
es ya previsible que muchos de ellos van a tener que ser reducidos
a cenizas porque se oponen frontalmente a las posibilidades
que ofrece la evolución tecnológica para mejorar
la eficiencia de la gestión pública, aplicar con más eficacia
y justicia los impuestos y proporcionar servicios de calidad
creciente a los ciudadanos.
Muchos se preguntarán: pero ¿es para tanto?,
realmente ¿no estamos ante un espejismo?, al final ¿no bastará
con algunas adaptaciones superficiales?, en definitiva ¿no es
exagerado hablar de crisis?. No ocultemos la realidad. En un
país como España en el que ya hay un excedente de personal no
absorbido adecuadamente como consecuencia del acelerado desarrollo
de los procesos informáticos y en el que se están reduciendo
rápidamente las obligaciones a cargo de los contribuyentes y,
por lo tanto, la carga gestora, un desarrollo de la administración
a través de Internet, aunque no sea con los ambiciosos objetivos
que se ha marcado el IRS norteamericano, va a generar excesos
de efectivos personales en un plazo no muy dilatado, y sólo
eso constituye ya un importante problema a resolver.
Además, en esta ocasión me atrevo a afirmar
que, tal como se están desenvolviendo los acontecimientos, se
equivocará quien piense que se trata de una crisis con un largo
período de maduración, que al fin y al cabo las modas y técnicas
procedentes del mundo empresarial llegan a la Administración
cuando ya empiezan a dar muestras de obsolescencia en el ámbito
de origen y que, en última instancia, a falta de otros cometidos,
el funcionario siempre ha sabido generar la función. El problema
es que ahora, por razón de la internacionalización financiera,
el control sobre el déficit público es mucho más exigente que
hace unos años, y es improbable que, existiendo la posibilidad
de conseguir una Administración mucho más eficiente (mejores
resultados con menor coste) se desaproveche la ocasión por los
responsables políticos.
Por lo tanto, la Crisis está servida. No acertará
quien ponga trabas al cambio (su repertorio puede ser elevado:
garantías y seguridad jurídica, lecturas sesgadas de principios
constitucionales, etc.), sino quien adivinándolo sea capaz de
administrarlo en beneficio de todos y aprovechar esta maravillosa
ocasión para cambiar que es la aparición de una forma totalmente
nueva de establecer el diálogo con los ciudadanos, tarea que
canaliza, a la postre, toda gestión pública.
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