Hemos denominado "agentes institucionales" a una serie de personas, situadas en el "otro lado" del problema que nos ocupa. Es decir, aquellas figuras que aplican la ley, en los diferentes eslabones del aparato estatal. El análisis parte de seis entrevistas: con un magistrado de la Audiencia Provincial, una jueza de instrucción, un fiscal, un juez de lo penal, una abogada y un inspector de la policía. Dos son mujeres y cuatro hombres, todos entre 3 y 50 años.

Menos la abogada, son funcionarios del Estado y su discurso es a la vez personal e institucional. La entrevista no ha versado sobre su actividad profesional desde un punto de vista técnico, mucho menos sobre la postura oficial del cuerpo que representan, sino sobre una serie de temas más abstractos y mucho más comunes, relacionados con los conflictos sociales y su solución, que nos permitían enlazar las opiniones personales y profesionales.

En este sentido, los entrevistados son ciudadanos, payos, ni que decir tiene, que hablan del sentido de su trabajo, de su visión de la seguridad, del delito, de la comunidad gitana y otros temas afines. Su visión ideológica no es muy diferente de la que se encuentra en otros colectivos estudiados en diversas investigaciones y depende más de la posición de clase, del barrio en el que viven, del sexo o la edad, que de la función que cumplen. Al mismo tiempo, son miembros de un cuerpo y cumplen funciones relativas a la aplicación de la ley. Como tal, no son cualquier ciudadano y sus dudas, contradicciones, seguridades, prejuicios y visiones afectan lógicamente a su trabajo y al nuestro. Si queremos comprender qué discursos rodean y sostienen el proceso estudiado, la criminalización de un colectivo de mujeres gitanas, necesitamos conocer cómo se articulan los mecanismos formales y la ideología de grupo en un proceso que nunca es mecánico.

Frente a una visión muy común que considera que la sociedad actúa al unísono en determinados temas (en particular ante los problemas de seguridad pública, ley y orden) pensamos que como en cualquier otra cuestión, existen grupos sociales enfrentados y discursos ideológicos dominantes. En este sentido el discurso de los jueces es, como se verá, paradigmático. Une la idea y la posibilidad de aplicarla, lo que no sucede en todo grupo social, aunque esta aplicación emane de normas generales. Pero la lógica de la aplicación, sus efectos, la forma en que el aparato selecciona a aquellos que terminan en la cárcel, se basa en datos objetivos y subjetivos difícilmente separables. De ahí que los discursos sean de gran utilidad para revelar los mecanismos de defensa de un sistema y la forma en que las posiciones de los agentes obligan a actitudes que serían "irracionales" en cualquier otro contexto, en el sentido de que existe contradicción, por todos reconocida, entre el fin del trabajo y los medios aplicados.

En este sentido, la cárcel es el modelo de irracionalidad, si atendemos a su función formal, "rehabilitar", en la que nadie parece creer. Si por el contrario se reconocen otras funciones, como vigilar y castigar, su racionalidad aumenta, aunque lo haga a costa de la equidad. Pero entonces habría que preguntarse por qué se desea "vigilar y castigar" a un grupo de mujeres gitanas, que en general no han cometido delitos que afecten a la seguridad de las personas. Si nadie expresa una razón, vuelve la irracionalidad en un círculo vicioso, que acompaña, como un rasgo de la institución, a nuestro estudio.

El sentido del trabajo: eslabones de una cadena.

Lo primero que destaca en los discursos de los jueces y fiscales es su homogeneidad. Se trata, claramente, de un cuerpo, cuyos miembros son originarios de una misma clase social, tienen trayectorias profesionales similares y cuyas diferencias en la jerarquía o en los órdenes no quiebran la profunda unidad de posición. Como declara uno de los jueces: "Tensiones institucionales, tradicionalmente, no ha habido en España". En ese sentido, sólo los discursos de la abogada y del policía, cuya experiencia social y personal es diferente, se distinguen netamente del resto.

Los agentes jurídicos forman parte de un poder del Estado y en todo momento se sitúan como eslabones de una cadena, aludiendo a su trabajo como parte de un proceso que tiene un sentido profundo. Tal sentido no es otro que el orden democrático: la ley dictada por el parlamento es voluntad de la sociedad y ellos la aplican.

De ahí el sentimiento de necesidad de su trabajo, y las pocas dudas que les provocan las contradicciones que sin embargo enuncian. Pues no dejan de ver problemas en el resto de los eslabones, particularmente en los otros poderes: frente al reconocimiento del buen entendimiento institucional, uno de los entrevistados considera que la policía tiene demasiado poder, aunque enseguida añade que es lógico, pues forma la vertiente "eficaz" de la represión, y ellos la vertiente legítima, emanando ambos de una exigencia de la sociedad. Todos critican la poca seriedad de los medios de comunicación, la mala imagen que dan de la justicia, su tendencia a manipular la opinión pública. Es común y más agresiva la crítica a los políticos, cuerpo no profesional y poder en competencia al que no interesa que el poder judicial sea fuerte. Por último el Parlamento, aunque intocable en la teoría, es acusado de legislar de "forma demagógica" a impulsos de las presiones populares. De nuevo la teoría liberal clásica: los jueces moderan con su independencia el poder de las mayorías sobre las minorías. Pero al mismo tiempo la fisura parece insalvable: si el sentido de su trabajo es la norma democrática y esta es "demagógica", su tarea se pone en duda.

La limitada capacidad de maniobra de la que gozan no parece disminuir su autoestima, ni el sentido del valor de su trabajo. Pues efectivamente, ellos no establecen su fin último y su trabajo es a la fuerza fragmentario:

"La política criminal no la dictamos los jueces."

"La información me viene en función de lo que ha detenido la policía."

"El juicio no es la prevención de los delitos, es un problema administrativo."

"La pena de prisión, bueno no te puedo decir, eso queda ya fuera de lo que es el ámbito de nuestro trabajo."

"Cómo mejorar la situación de la cárcel es un problema que corresponde más a un juez de vigilancia penitenciaria".

Las expresiones de alienación son múltiples, pero en nada disminuyen la sensación de autonomía y seguridad personal de los jueces. Pues la maquinaria funciona bien, es racional en sí misma, aunque no exista acuerdo sobre su fin. La racionalidad deriva de la profesionalidad y sometimiento a la ley de todos los eslabones. Como expresa un magistrado, para explicar por qué en la mayor parte de los recursos no se rectifican las sentencias previas:

"Cuando llegan a juicio, antes ha habido una instrucción, unas pruebas, un fiscal que acusa, que se rige por el principio de legalidad, y si ve que no hay materia para acusar pues no acusa, un juez instructor que ha podido archivar el asunto y no lo archiva... entonces el porcentaje de condenas es muy elevado (...) Aquí, hay que procurar no sentarse en el banquillo de los acusados, porque si te sientas, tienes muchas posibilidades de que te condenen."

Su tono no es irónico ni amenazante, sino que expresa crudamente el convencimiento de que los "filtros" funcionan a la perfección. Otros tienen una visión más crítica, sobre todo con la vertiente "eficaz" de la justicia como servicio público. Reconocen su lentitud, la falta de medios, las rémoras históricas. Pero el fiscal comenta que otras instituciones funcionan peor, y pone como ejemplo los aeropuertos, mostrando que la preocupación no roza el fondo ético del trabajo. Otro juez, sin embargo, tiene otra visión del procedimiento:

"No se puede pensar que porque alguien ha llegado al juicio oral y ha atravesado una serie de filtros que se dirigen a evitarlos, es que hay una certeza de culpa, esto no es así".

En lo que todos están de acuerdo es en que no existe nada parecido a un determinismo que lleve necesariamente a la cárcel. Al revés, todos intentan evitarlo. La juez de instrucción declara no ser muy partidaria de enviar a la cárcel preventivamente, aunque su decisión no es arbitraria, sino que "la ley establece claramente cuáles son los requisitos tasados". El fiscal insiste en que ellos evitan que muchos juicios se lleven a cabo. Todos consideran los pasos previos como filtros: así puede asegurarse que quien termina en la cárcel es culpable del delito del que se le acusa.

Lo anterior no debe hacer pensar que no exista cierto malestar, aunque las contradicciones son resueltas con facilidad: en efecto, los jueces tienen fallos, no son perfectos, pero carecen de prejuicios de clase, raza o género. Sobre ello, "dan su palabra", como si su palabra nunca pudiera ser sospechosa. E incluso un juez añade: "si tuviera prejuicios, serían inconscientes, y no tendría constancia". Y otro juez comenta: "lo importante es que no exista discriminación en la ley". Si se dan prejuicios en los comportamientos, "imagino que vienen a ser un reflejo de lo que se puede dar fuera".

Los argumentos muestran que la responsabilidad personal queda completamente fuera de la cuestión. Por un lado está la ley que no discrimina; por otra su aplicación. Si esta llegara a contener prejuicios no serían propios del juez, sino de los arquetipos inconscientes de toda la sociedad. Entre la ley y la sociedad, no queda resquicio para la propia responsabilidad.

Descartada la discriminación, queda la dureza, de la que a veces se acusa a los jueces. Con retórica lucidez, un juez expresa que lo terrible es llegar a darse cuenta de que uno es "el brazo armado de la mayoría contra los marginales". También otro entrevistado declara verse a menudo violentado, forzado a tomar decisiones que no tomaría, pero "mi función me obliga a obedecer el mandato de la ley". Y un tercero, que ha reconocido en un momento de la entrevista que "este trabajo te hace más dura", se justifica describiendo los padecimientos de los toxicómanos, la mayor dureza de los jurados populares, lo relativo del padecimiento de la cárcel para unos y otros.

Pero esta duda sobre el propio papel, es rápidamente aclarada: "La sociedad necesita defenderse de esas situaciones" y "Uno no puede cambiar la sociedad, tiene que ejercer". Y la sociedad es dura. Es más; es implacable. Lo más llamativo de la sociedad vista por los jueces es que es un cuerpo único, que responde al unísono ante ciertos comportamientos. Un cuerpo no dividido por intereses enfrentados, sino cuyos sentimientos y perturbaciones justifican toda medida, pues siempre actúa por necesidad: "La sociedad tiene que responder de alguna forma". Y sin embargo la sociedad no es un cuerpo guiado por la razón. Efectivamente suele malinterpretar las situaciones, exagera, se alarma innecesariamente, se deja manipular por la prensa. En la forma de presentarla, el juez aparece como moderador de sus excesos, además de garante de los derechos.

Por lo tanto una sociedad unida, cuya necesidad de defenderse es un absoluto, como si el mal fuera algo exterior a ella misma. De esta forma "los delincuentes" quedan fuera de lo social. A la vez tiene una tendencia a la intolerancia de la que todos se resienten. "Eso hace intolerante a la sociedad, que es mucho peor que la droga, los accidentes de coche, o el terrorismo"; "Ante la presión de la sociedad, se exigen unas prisiones, y unas penas y un rigor que son contrarias a un sistema como el nuestro". Y el fiscal explica que ellos deben enfrentarse a la sociedad que sigue pensando que el fin de la justicia es el castigo.

Sociedad y peligro.

Porque curiosamente, todos están de acuerdo en que la inseguridad no ha aumentado en España, que el sentimiento de inseguridad es un concepto histórico, unido a la transición democrática y una experiencia inducida por los medios de comunicación: "La alarma social es un concepto completamente difuso que responde a intereses que no son exactamente los de la sociedad". Un buen juez debe sustraerse a la presión del público y jamás debe juzgar a un individuo en nombre de un colectivo.

La sociedad tiene otra función que la de justificar el propio trabajo: permite explicar todo aquello para lo que se carece de explicación. Así, si hay más mujeres en la cárcel que hace unos años, es "por el protagonismo que va tomando la mujer en la sociedad", como un progreso natural, pues "también hay muchas mujeres jueces" Y cuando uno de los jueces declara retadoramente que la ley no es igual para todos, como no lo es la educación o la salud, sentencia: "La sociedad es así".

Muy diferente es la actitud que presenta la abogada que trabaja en una coordinadora de barrios: desde el principio asienta la complicidad con la socióloga, y destaca su distancia con las "altas instancias". Motivada esencialmente por el aspecto social y humano de su trabajo, reinvindica su práctica en los barrios, el conocimiento social como la base de su tarea y la experiencia como única forma de interpretar el derecho, opuesto para ella al "mundo de la vida".

Su tono implica todo el tiempo proximidad, no exenta de paternalismo, con aquellos a quien defiende: "Trabajo con toxicómanos, o sea que son cosas de marginadillos y tal", simula conversar con quienes le han robado el coche. "Pues ya les dije, haced el favor, que tengo que ir a la cárcel", y se sorprende retóricamente de no haber sido contagiada de ninguna enfermedad en diez años, idea que plasma cierto orgullo de la experiencia de primera mano, del "riesgo" social que parece compensar otros sinsabores de su trabajo.

La abogada no ve la justicia como un mecanismo nítido y su crítica a la "incomprensión" de los jueces coincide con su visión del parlamento. Ambos poderes forman un mismo frente, cuyo rasgo esencial es el alejamiento del mundo para el que legislan y juzgan. "Si ni siquiera van en metro", se exclama. Y añade "Sigue legislando y sigue juzgando gente que está absolutamente alejada de la realidad". Pero aunque las leyes no le parecen equilibradas, discute que el juez esté maniatado por la ley. Desde su posición "la ley se puede interpretar de muchas maneras", y lo peor no es el código sino su aplicación.

Para ella, el rasgo más típico de la sociedad no es la intolerancia, sino la ignorancia de unos grupos sociales frente a otros. Es la única para quien la sociedad no es un ente abstracto, sino que la forma la gente de los barrios, asustados por la droga, con la influencia de los medios de comunicación, y que "como sus padres antes" piensan que el que delinque debe ir a la cárcel sin entrar en otras consideraciones. No ataca la intolerancia social, sino que la explica por una ansiedad más o menos justificada por el temor a la droga, y defiende una pedagogía social que cambie las conciencias.

Aunque se encuentren en mundos diferentes y aún opuestos, los discursos de la abogada y el inspector tienen rasgos en común, en particular la voluntad de entender la sociedad como algo complejo y contradictorio y el orgullo de la experiencia "real". El inspector muestra un gran deseo de hablar y de convencer, dirigiéndose a interlocutores imaginarios para dar argumentos. Su máximo orgullo como policía es su "código" personal. A diferencia de otros funcionarios, él si cree que su trabajo se puede realizar de distintas maneras y no piensa que el aparato dicte comportamientos.

"A mi me horroriza el dos y dos son cuatro, dos y dos, depende, ¿y siempre va a ser igual?". Su código se expresa con crudeza, mostrando la discrecionalidad de su trabajo: "Además, yo creo que es ético, que más me da a mi meter cinco a la cárcel que a cuatro (...)Me sale un niño chulo y le meto una hostia, pero sale un tío mayor y el respeto es mayor". Igualmente, sus dudas y contradicciones surgen en muchos momentos: "Yo he tenido mis momentos de decir, hay que ayudar a esta gente, o son unos hijos de puta, como todos, porque tienes tus momentos de dudas, y esto es una labor perdida".

En general, no cree en la parte represiva de la función policial: "La actuación policial es un fallo social" comenta, y le otorga un valor más simbólico que práctico, contrariamente a la idea más extendida: "Es un trabajo, pues, hombre, sabes que tú no vas a solucionar , pero que hay una parte del problema que es represiva y se tiene que hacer, porque si no daría un sentimiento de impunidad al tráfico". Esta idea se ha repetido entre miembros de otros cuerpos de seguridad: la represión no acaba con un negocio ilegal como el tráfico de drogas, pero tienen que actuar por presión social.

De hecho su tarea, cuando no es preventiva, resulta puramente mecánica, un sombrío trámite: "Si es que sacas a esa mujer y va a seguir vendiendo, bueno, pues la policía la volverá a coger y la volverá a meter." De ahí su simpatía, casi familiaridad, con algunas de las personas que detiene: "ellos comprenden perfectamente nuestro trabajo, incluso hay algunos que les he conocido ya de niños, he detenido a la tercera generación." La frase, dicha en tono paternal, muestra en toda su crudeza la mecánica de la criminalización y la especie de resignada desenvoltura con que sus protagonistas hablan de ello, como si de un viejo juego, algo aburrido, se tratara. Como si policias y ladrones estuvieran en el mismo bando, sometidos a la misma irracionalidad estructural, forzados a representar los mismos papeles. No es de extrañar que el inspector tenga tanto horror al "dos y dos son cuatro" y pida soluciones imaginativas a los políticos.

Su problema no son sin embargo las otras instancias. Contrariamente al tópico del enfrentamiento entre jueces y policía, el inspector habla con el mayor respeto de los primeros: "Yo no creo que lo estén haciendo mal, son unos funcionarios de alta cualificación". De los políticos habla también con respeto, como "gente inteligente, preparada y yo no sé nada", pero los acusa de falta de valentía: "Es que tiene que haber fórmulas más valientes, habría que mojarse el culo en el tema de al droga". Y matiza, hablando en general de todos ellos: "El problema es el de siempre, que vamos por detrás de lo que sucede en la sociedad."

Sólo la prensa le inspira frases más duras, coherentes con su sensación de un mundo lleno de complejidad: "Mira, hay cuestiones que aunque sean verdad, como la verdad no es igual para todos, entonces la imagen que se difunde en la prensa tiende a generalizar, es decir, puede haber puntualmente gente muy montada (con la droga), pero no es toda."

Es, como el resto, crítico con "la sociedad", pero de manera diferente a los jueces. No cree que el problema sea la intolerancia, ni la ignorancia de la gente, sino una serie de transformaciones estructurales, en particular la sociedad de consumo, pero también la obsesión por la seguridad, lo que considera un rasgo que ha logrado incluso "que sea mucho más valorada la policía".

"La gente empieza a ver la seguridad como un componente válido, como un componente incluso de nivel de vida. ... Luego, también la sociedad ha envejecido mucho, a medida que te vas haciendo mayor, valoras más la seguridad, te haces más apegado a la propiedad." El inspector reconoce que la sociedad tiene que "acostumbrarse a vivir con ese problema (por la droga) no mangnificarlo" y que el conflicto es algo normal en toda sociedad: "tendríamos que plantearnos qué niveles de delincuencia son aceptables, y está claro que el gran problema de la inseguridad es la droga".

Ese mismo aburguesamiento hace que la gente, desde su punto de vista, sea más dura con los perdedores y manifieste su rechazo hacia la pobreza. Dice: "El español no es racista, lo que pasa es que siempre contra el pobre hay un rechazo. Sea blanco o negro, cuando hay un mendigo, incluso para dar limosna, la gente siempre establece una distancia."

El delito, el delincuente, la pena.

Al hablar del delito, todos están de acuerdo en que 80% se relaciona con la droga, bien en forma de delito contra la propiedad realizado por toxicómanos, bien por tráfico de estupefacientes. Reconocen que el robo genera mucho temor, sobre todo la juez de instrucción que recibe a las víctimas "mujeres de cierta edad y hombres de cierta edad" bajo el shock del acto violento. Pero para ellos, a título personal, los delitos más graves son otros: son aquellos que afectan a los bienes personalísimos, contra la vida o la libertad sexual; o los que suponen un abuso organizado como ciertos fraudes inmobiliarios. Las penas contra el tráfico les parecen desproporcionadas, "una barbaridad", "una burrada" y critican también el aumento de las penas contra la propiedad, algo propio de otras épocas, según comenta un juez.

Sin embargo junto a este rechazo general, rápidamente matizan: por una parte, el parlamento habrá tenido sus fuentes de información y "una percepción de que la sociedad reclamaba mayor dureza para ese tipo de delitos". Además, como explica un magistrado: "de política criminal, no soy experto" y alude a la cuestión de las penas como si fuera un asunto puramente técnico, la aplicación exacta de un medicamento sobre el cuerpo social, materia de "dosimetría penal". Y la juez de instrucción concluye, cerrando el círculo lógico: "la gravedad no la veo yo, la gravedad me viene determinada por la pena." O dicho de otro modo: es la pena lo que establece la gravedad de un comportamiento social y no lo contrario. Por lo tanto, la lógica jurídica se ha cerrado sobre sí misma, dejando fuera la ética que teóricamente está en su base.

Probablemente por su origen social, su estatus y su nivel de vida, ninguno tiene una percepción violenta o tensa de la vida social. No hablan de violencia, no aluden a ninguna crisis o temor, y la amenaza principal a la que se enfrentan, la droga, no les parece tan grave. Es cierto que dibujan la imagen de la droga como plaga destructiva que se ha hecho común: "destroza no sólo a personas, sino a grupos enteros de la sociedad, a críos muy jóvenes y eso..."

Pero en la forma de expresarse al respecto, se percibe cierta serena distancia con el tema, en su doble vertiente: los toxicómanos que roban para procurarse su dosis provocan en ellos más piedad que dureza y casi todos hablan del problema con comprensión.

En cierto sentido, dan la razón a la abogada cuando dice "como siempre se roba a la gente más hecha polvo", mostrando que las clases medias altas a las que pertenecen los jueces, no son, en general, víctimas de los delitos más comunes.

Del lado del tráfico, hacen la clásica distinción entre "grandes narcotraficantes" y los escalones bajos e intermedios, en el que sitúan a los gitanos, que manejan pocas cantidades y ningún poder de decisión sobre la estructura. En general, el toxicómano parece tener muchas más simpatías y apoyos legales (eximentes, alternativas) que el que vende. E incluso el mayor reproche que se hace a la venta de drogas es el trato que se da en los poblados a los consumidores "muy deteriorados", que, según uno de los jueces, son tratados a patadas.

De hecho, todos reconocen que la política represiva ha fracasado y proponen diferentes medidas, suministro gratuito al consumidor, despenalización, ofrecer salidas a toxicómanos, etc.

Solamente la abogada tiene una actitud menos ligera. Asumiendo el sufrimiento social generado en su generación, justifica el temor y la ansiedad de quienes ven que se vende droga cerca de sus casas. Está a favor de la despenalización, pero eso sí "con mucha información, nada de fomentarlo".

En la descripción del delincuente, el acuerdo es también llamativo. Todos distinguen dos perfiles: el delito de cuello blanco, sofisticado, que exige cultura o medios, y el resto que se asocia sistemáticamente con "la gente marginal", un término que permite eludir tanto el racismo como el clasismo en una definición nueva, la que separa la norma y la desviación. El fiscal comete un lapsus significativo, hablando de delitos "cometidos por gente que no es propiamente delincuente", da a entender que hay algo así como "delincuentes naturales" y "accidentales", aunque jamás defendería tal postura explícitamente. Pero sobre todo, ellos tratan con personas empujadas por la necesidad de sus medios sociales: "el que comete delito porque está abocado a ello, porque carece de una serie de medios, porque está metido en la marginalidad, porque ha vivido en unas familias muy deterioradas". Para todos, la adicción es determinante, pero asociada a "los sectores de la vida social más marginales", "la mayoría proviene de barrios con un nivel económico y cultural bajo" "Yo veo mucha incultura en esa gente".

Aunque la "marginación" es un término vago, que sirve para explicar todo tipo de situaciones, el factor educativo y cultural es adelantado por todos como esencial. Expresan así que están hablando de personas diferentes a su medio, lo que incluye barrios "marginales" (como si pudiera haber tal cosa), familias sin estructura, gente pobre, poca educación o nivel intelectual.

Su descripción opera como un negativo de lo que ellos son, caracterizada únicamente por carencias de lo que consideran esencial para vivir. Así, explica un juez: "en el colegio de mis hijos, no hay ninguna niña que sea delincuente en ninguna de estas materias", desliz que da a entender que ni sus hijos ni sus compañeros serán nunca delincuentes, mientras que otros hijos están ya elegidos para el crimen.

Existe por lo tanto un determinismo del medio, pero también una libertad individual. Con lo primero se justifica que los delincuentes sean "los otros"; con lo segundo se sostiene que exista un castigo individualizado para el crimen. Uno de los entrevistados, llega a hablar de "opción de vida" y otro concluye "después está la libertad de cada uno". Si la sociedad pudiera proveer de medios dignos a todo el mundo, faltaría uno de los grandes impulsos para cometer delitos, explica un juez, pero en primer lugar la sociedad no se lo puede permitir, y además, nadie puede dudar de que el delito seguiría existiendo. La visión "asistencial" queda así descartada.

En general, dada la descripción dramática de los entornos de la "delincuencia", se repite el tono comprensivo y paternalista de los jueces hacia las personas que juzgan. "La pobre señora colombiana, muerta de hambre" que uno de los entrevistados enfrenta metafóricamente al "señor que se está enriqueciendo desde su despacho". Pero curiosamente, no habla de meter en la cárcel a este último, sino de quitarle su negocio, "asumiendo el estado la entrega de droga."

Lo que sí hacen es "aliviar la situación de esta gente, porque nos dan pena" y para ello no dudan en cometer "alguna barbaridad jurídica". Sin embargo, al hablar de las gitanas reconocen que las atenuantes rara vez se les aplican: en particular por toxicomanía, de lo que se lamentan sin más análisis, como de un "contrasentido" y un juez se descarta de toda responsabilidad comentando: "Tienen un problema las pobres".

La figura del delincuente que trazan coincide evidentemente con su experiencia, pero no se preguntan qué es previo, si la "existencia" del delito o la construcción social de la imagen del delincuente. Y cuando se lo preguntan, es para negarlo: "Otra cosa sería pensar si hay conductas descritas como delito en esta sociedad que se refieren, que se encarnizan precisamente con esa gente". "Pero es que realmente cometen más delitos". Lo mismo argumenta el fiscal sobre el hecho de que haya cada vez más mujeres gitanas en las cárceles: "Es que realmente trafican". Sólo el juez de lo penal establece una distinción: juzga a la gente "que la policía ha detenido", no pudiendo confundirse el caso con ninguna generalidad.

En esto también la abogada tiene otra postura, al universalizar tanto la posibilidad de encontrarse en la categoría de delincuente como el motor principal de la delincuencia, que para ella no es la necesidad, ni la pobreza, sino la sociedad de consumo de la que todos somos víctimas: "El que más o el que menos se ha apropiado algo", "De lo que se habla entonces no debe ser de quién delinque, sino a quien se juzga" y siguiendo el razonamiento: "yo creo que se juzga más a la gente pobre". "Las leyes están dirigidas contra ellos", concluye. Se queja de que la gente cree que los que delinquen tienen más o menos "antenitas verdes", lo que se confirma con una expresión de la juez de instrucción. Al hablar de las circunstancias para otorgar la libertad provisional, explica: "Si tiene una familia, efectivamente, también te da a entender que aparte de ser delincuente, pues tiene una cierta estructura..."

Salvo en el caso de la abogada, que considera la cárcel una institución "que no debería existir" y que "sólo enseña a funcionar con violencia", el resto de las posturas coinciden al hablar del sentido de la pena. Todos manifiestan que debería ser la reinserción, pero que no lo creen. Sólo el fiscal cree que la cárcel cumple su función, pues la gente sale menos violenta de lo que entra. Aunque confiesan no haber estado nunca en la cárcel, les parece un lugar "deprimente" y que no cumple su función, pero que tampoco puede sustituirse.

Uno de los jueces entrevistados declara que la reeducación tenía sentido cuando se metía en la cárcel a gente "de los pueblos" ignorantes de las normas sociales, pero que ahora todo el mundo las conoce e incumplirlas depende de la voluntad de cada uno, volviendo así a la teoría de la opción personal. La cárcel, desde su punto de vista, opera como una amenaza, "cumple un fin de prevención y de advertencia". Para él, las alternativas no sirven, pues "dudo que asustaran al estafador inmobiliario". Sólo contempla las alternativas para aquellas personas que no son responsables de sus actos, es decir que tienen una adicción. Para la gente con plena conciencia "no hay más remedio que la cárcel".

Un segundo juez considera la cárcel una "enorme quiebra en la vida personal" y tampoco concibe que exista un automatismo de la reinserción. Efectivamente, "no se puede obligar a alguien a que adquiera valores que no quiere". A pesar de esta falta de fe en la institución, concluye "es una malísima solución, pero creo que es impracticable, rigurosamente hablando, prescindir de ella".

Por lo tanto, o no conocen alternativas, o les parece compleja su ejecución (en el único caso que contemplan: el cumplimiento de toxicómanos en centros de desintoxicación), o repiten que la sociedad descansa al menos de lo que ven como una "constante criminal", pues "si una persona ha estado cinco años de su vida en la cárcel y sigue cometiendo el mismo delito, de poco le ha servido a él, a la sociedad supongo que le habrá servido, pues durante esos años, esa persona no ha cometido un delito". Por último uno de los jueces entrevistados se justifica diciendo que "la cárcel no es lo mismo para todos. Para nosotros, cuatro años de privación de libertad es terrible. Ellos no, a veces hasta sacan partido."

De esta manera, han cerrado el círculo de la impotencia. Aunque la cárcel sólo sirve como amenaza y castigo, quedando la rehabilitación como hipócrita cobertura, no hay otra solución. De esta manera cualquier voluntad de mejora de las condiciones de vida de los presos queda minada (puesto que de todas formas la cárcel no sirve). Prácticamente la reincidencia se da por hecho. Por otra parte, la dureza de la prisión no es un factor objetivo, sino subjetivo. El delincuente, por su naturaleza, lo sufre menos de lo que desde fuera imaginamos. Descartado el reformismo, tampoco hay lugar para la alternativa, pues la cárcel es insustituible.

La única que cree en alternativas es la abogada, más cercana a un discurso asistencialista, que piensa que la prevención, invirtiendo en los barrios, en la educación y el trabajo, es la verdadera solución. Pero contempla también otras alternativas a la cárcel, "la mediación con la víctima, que es muy importante, la mayor parte de las veces se olvidan de ella. A mi me han robado el coche y a mi nadie me ha reparado nada... y a lo mejor no quiero que me reparen, no quiero que castiguen y a mi no me están preguntando." De hecho, sólo la abogada y en un momento la juez de instrucción han nombrado a la "víctima", que no obstante debería ser protagonista del discurso.

También el inspector de policía cree que la cárcel no debería ser la medida única e igual para todos. Él cree en una especie de casuística, en que "a lo mejor, para enfrentar la difusión tan grandísima que hay de coca, pues había que coger algún chaval y había que privarle incluso, por el mero consumo, pequeñas privaciones de libertad, pero con una resocialización grande". Al mismo tiempo no comprende que un gran traficante y el que está en el punto de venta cumplan una pena similar: "El tío que está vendiendo para comer, pues a lo mejor hay que tener otra serie de medidas".

El también concibe la cárcel como "fallo": "Las macrocárceles tendrán que existir, pero no deja de ser que hemos fallado en algo". Es necesario sólo en algunos casos: "Yo creo que los frentes para atacar son la prevención, el apoyo social a este mundo marginal, y bueno, todo aquel que se salte toda esta generosidad de la sociedad, pues chico, estacazo, pero tiene que ser puntual, el estacazo en sí no resuelve nada..."

Los gitanos o el suicidio de una comunidad.

En todo momento, los entrevistados se han mostrado precavidos al hablar de los gitanos, no queriendo asociarlos con ninguna clase de delincuencia, salvo un tipo de tráfico que realiza además una minoría. Cuando se habla de gitanos y droga es más bien para destacar que son víctimas de la misma. Y sólo en ese momento se universaliza el problema: la comunidad gitana entera se asocia con gitanos que viven en poblados, que se dedican masivamente al tráfico y cuya sociedad, antes armónica, está siendo destruida por la misma droga de la que viven.

Los gitanos aparecen de nuevo como una unidad y su vida se acerca mucho a la descripción que han hecho previamente de "lo marginal". "Lo que ocurre, creo, es que todo lo que hemos hablado antes respecto a la marginalidad, a las circunstancias socio económicas, a la formación, es plenamente aplicable a los gitanos... se ven plenamente inscritos...".

La abogada distingue: "los gitanos de toda la vida que están superintegrados y que tienen sus negocios y que la gente los trata como a vecinos, pero claro se han integrado un poco a la vida paya..."

El inspector, que habla con apasionamiento del tema, establece la misma distinción entre "El gitano de Madrid, que vivía generalmente en el Rastro, son gitanos que se dedican a las antigüedades, a ese tipo de cosas.... y nunca hubo... Eran castizos y siempre se les veía absolutamente... absolutamente bien." y los gitanos de los poblados. Al establecer esta diferencia, da en el clavo: "Hay que distinguir una barbaridad esto del gitano, que el gitano parece que ha quedado sólo el gitano que vende droga, y eso no es así, lo que pasa es que el tío plenamente integrado, con su negocio y tal, ya no te parece ni tan siquiera gitano...". Efectivamente, la descripción acierta plenamente con los estereotipos sociales: un gitano que vive bien, en los centros urbanos, "ya no parece gitano", pues la identidad construida por el cultura hegemónica es así de excluyente: el ser gitano no tiene ningún rasgo específico, salvo estar al margen de lo que se considera la norma. Si alguien entra en la norma, decir que es o no es gitano se vuelve irrelevante, pues ya no sirve para rellenar el estereotipo del "otro".

Los otros, los de los poblados, se han visto abocados por la falta de salidas económicas a un negocio que lleva "a la destrucción de la cultura gitana". Una cultura que es descrita como ordenada y estructurada en torno a sus tradiciones "patriarcales", pero que ahora se estructura igualmente en torno al tráfico. Así un juez se lamenta de que un pueblo que lo ha resistido todo, las persecuciones históricas, sea ahora destruido por la droga que deteriora "su estructura familiar, el respeto a lo suyo, a los mayores, a la mujer". Frente a esto, el cambio ha destruido ese orden: la mujer gitana "con la poca cultura que tiene sociológicamente" era una mujer pasiva, y "está adquiriendo bastante protagonismo, para el mal, para el delito". Este orden nuevo se expresa en frases como "por lo que me dicen los consumidores, allí vende todo el mundo". O se destaca la perfecta organización de la venta: "son como oficinas".

La razón es que al empezar a consumir "se han visto arrastrados, se han marginalizado con el tema de la droga, se han especializado..." De ahí que sean el objetivo perfecto para los narcotraficantes, alzados aparentemente sobre la estructura gitana. Lo curioso es que nadie habla de deseo de enriquecimiento por parte de algunos gitanos, como si fueran víctimas de un proceso natural ("han pasado de vender burros a vender droga".) Igualmente inevitable parece ser la tragedia que los persigue "Lo más terrible es cómo se está destrozando la propia raza gitana, la estructura de la raza gitana, como se viene abajo con esta sangría de mujeres gitanas que van a prisión... y eso repercute, imagino, en esos críos que se crían en esas condiciones..."

El policía tiene una visión de este proceso más matizada y muy relacionada con la política pública hacia los gitanos y con el estrangulamiento de sus fuentes de vida: "Los gitanos y toda esa gente de la busca son los primeros recicladores que han existido, pero claro, la misma ecología los ha llevado a irles cortando las salidas de vida". "Entonces la constitución de los poblados, desde mi punto de vista, es un error grandísimo, porque creas un gheto de marginalidad, fue un error hacer ese tipo de poblados, todos de etnia gitana, agrupados, encerrados, las construcciones desde mi punto de visa ya son despectivas, y yo siempre lo he considerado como la chabola del siglo XXI. Allí se ha producido un sentimiento de agrupación en contra de la sociedad, esto les ha dado una facilidad geográfica, de estructuras de vivienda frente a la policía, les ha dado cierta impunidad en el delito. Lo más importante para mi es el mal ejemplo, es decir yo estoy yendo en busca de chatarra, que ya no hay chatarra y mi vecino de al lado, tiene un Mercedes, pues coño, yo compro quince gramos y me dedico también a vender droga....El que se hacía rico ya no hablaba a los pobres..."

Y a eso añade la propia política de seguridad, interesada en crear los ghetos de la droga: "Se masificó de tal manera la venta que bajaron los precios, la presión policial en los barrios mejores y quedó el sur de Madrid, una zona que tradicionalmente habían sido los vertederos, pues quedó también el vertedero humano, o sea, de los realojos (...) La policía hacía su trabajo de seguridad en el casco urbano, y se creaban unos ghetos que valían doblemente, meter a la población marginal y que el yonqui acudiera allí."

Lo que a todos llama la atención es que en su imagen del delincuente el vago término "desestructurado" juega un gran papel y los gitanos aparecen como todo lo contrario. "Es llamativo que esta gente no carece de apoyo, no está desestructurada", "las mujeres están muy estructuradas". "la solidaridad entre ellos es impresionante", etc. Incluso se explica su dedicación a la venta por "una estructura social muy organizada y dispuesta".

Esta especie de determinismo, en que los gitanos aparecen como pueblo homogéneo y pasivo, cuya estructura juega en su contra, se rompe sin embargo para negar cualquier mecanismo de selección de los "delincuentes" o proceso de control. "El problema no es que le ley los persiga, es que realmente cometen más delitos, no es que el sistema sea injusto con ellos". "Y aquí, claro, la mujer se implica en una serie de cosas, y ella misma adoptando ese papel se pone en situación de ir a la cárcel y eso yo creo que es lo más dañino para la sociedad gitana."

Sobre el hecho de que se detenga a menudo al núcleo familiar al completo, las opiniones difieren. Para un juez, la mujer vende, pero es el marido el que suele hacerse responsable. Otros repiten que es la mujer "la que se come el marrón". En general creen que existe una división del trabajo y la juez de instrucción niega que haya confesiones. Todos describen el proceso de detención como colectivo ("hay droga hasta en los pañales"), eligiéndose luego culpables siempre que haya pruebas, aunque estas son difíciles de conseguir. La abogada lo cuenta de otra manera: "Esa mujer que te digo, la procesaron una vez por un delito contra la salud pública, porque algún familiar debía vender y arramplaron con toda la familia". También cree que existe un gran racismo en España y que "muchas veces, por el hecho de ser gitanos los paran, y por tener un aspecto más o menos descuidado..."

El policía no niega que la presión policial sea intensa, todo lo contrario: "Yo llevo veintiséis operaciones en La Rosilla en este año, es decir de setenta casas, me ha cargado... entro en casi todas, entonces, es raro la familia que no tiene gente en la cárcel". Su visión del proceso "colectivo" es mucho más clara: "Y te viene uno y te dice, dejamos a alguien que hay seis criaturas. Ah, pues quédate tú, a lo mejor están todos implicados".

A esto se une el hecho de que con media familia en la cárcel, el negocio tiene que seguir por fuerza: "Yo veo que está en la cárcel medio poblado, y tal, y coge el testigo un hijo. Porque ya tienen que mantener a la gente en la cárcel."

Los jueces niegan cualquier sospecha de discriminación con expresiones tan genéricas como "el juez en España es justo". La única diferencia que observan en los juicios, aparte de que los gitanos tienen abogados de pago (lo que muestra cierta hipocresía por su parte; ¿no eran pobres?) es la actitud sumisa. Pero lejos de premiarla, la consideran igualmente "tramposa", un deseo de engañar al tribunal: "se hacen las tontas, pobrecitas, ellas no sabían nada, dan una sensación de pobres corderitos que van al matadero". Esta expresión en que una virtud, la falta de agresividad, es interpretada como malicia, se repite en otros colectivos, funcionarios de prisiones por ejemplo, y muestra un rasgo típico del racismo, la idea de que los gitanos mienten o sólo esperan la candidez del payo para aprovecharse.

Discuten las posibilidades de la integración: para unos, los gitanos no desean integrarse, pues perderían su identidad. Otros opinan más bien que no se puede forzar la integración (que todos conciben como asimilación) y que el problema de la diferencia cultural es muy delicado y complejo. El discurso progresista de la abogada defiende la igualdad en la diferencia como ideal, es decir "que seamos iguales, pero no intentar cambiar sus costumbres", sin explicar cómo. Surge a veces la tópica irritación del payo ante la forma de vivir gitana, más o menos mítica, que se asocia con el despilfarro, la falta de previsión y el desorden. Así una juez declara que si no ganan dinero con el negocio de la droga es porque derrochan "el mercedes en la puerta y los niños en la calle".

Por último, para otro entrevistado el problema de fondo es darles los medios para "que vivan mejor, y no sé qué, y hombre, eso sería estupendo, pero eso lo necesitan todos los españoles, y no hay dinero en Europa para eso...Entonces, la única solución sería que hubiera un mecanismo para revitalizar la raza gitana, para que volviera a tener su antigua estructura." Además de confundir a todos los gitanos en un único grupo, esta idea muestra que el dilema es el siguiente: o se asimilan, o se mantienen como una sociedad ordenada, patriarcal, descrita como armónica y claramente anacrónica. Su realidad actual se ve por lo tanto como abocada a la destrucción.

Niegan por igual la existencia de racismo o de cualquier proceso de criminalización. Si existen delitos "típicos" de gitanos, algo a lo que se alude, no es "una delincuencia propia de su etnia.... sino predicable de otros colectivos que viven en poblaciones marginales, en barrios, en fin..." Se ha pasado así de cualquier determinismo racial a un determinismo "social" que se plasma espacialmente: existen barrios marcados, dónde grupos humanos son definidos no como pertenecientes a otra clase social, o con otros intereses, sino como "marginales", es decir fuera de la estructura social común. Tales grupos no son por lo tanto sujetos socialmente activos, que pueden organizarse, negociar o luchar por derechos, sino objeto de las dos clases de atención que se proponen: la asistencia y el control, según su comportamiento los haga aparecer como víctimas o como culpables.

Conclusión: la sociedad disfuncional.

Parece existir una dificultad generalizada entre los diferentes agentes sociales para aceptar el conflicto de intereses y el poder de unos grupos sobre otros como explicación social. La sociedad es vista como una unidad funcional en que cada uno cumple un papel y en la que se producen fallos, la delincuencia por ejemplo, o la cárcel. La ruptura de la norma ha perdido todo carácter inmoral o revolucionario, es una disfunción que hay que corregir mediante mecanismos higiénicos. Ya nadie cree en la maldad innata de un individuo o colectivo, pero tampoco tienen éxito las explicaciones globales que aluden a la lucha de clases o a la existencia de hegemonía cultural. La explicación universal, muy posmoderna, es la del "fallo" o el estrés de los sistemas. La respuesta es la eliminación de la disfunción.

Los gitanos en este sentido son una excepción, pues no acaban de cuadrar en las explicaciones sobre marginalidad y "desestructuración". Frente a otros tipos de "delincuentes", estos tienen familias, costumbres y núcleos cuya armonía además se exagera. Todavía resulta más difícil aplicar los tópicos de la peligrosidad social a las mujeres gitanas, madres de familia, sostén de sus comunidades, vistas como pasivas y respetuosas con la autoridad. De ahí que se recurra a la droga como explicación universal. La droga marginaliza por sí misma a las personas y a las comunidades. Su contagio es capaz incluso de destruir una cultura que parecía fuerte, romper lazos solidarios y desequilibrar modos de vida.

No pretendemos que no sea en gran medida cierto, sino que las explicaciones míticas, como la "droga" permiten ocultar otros procesos mucho más precisos, relacionados con la posición social de los gitanos en España o con la tendencia a la "criminalización" de los conflictos. Habría que analizar con más profundidad que se entiende por "marginal", pero el término parece tener poderes mágicos. Anula la acusación de racismo, muy mal vista en estos tiempos, destruye cualquier teoría de las clases sociales. Si lo que caracteriza las explicaciones sociológicas del conflicto es que los polos están unidos, (existen burgueses porque existen obreros y al revés; hay mujeres porque hay hombres y al contrario, etc.) y es su enfrentamiento lo que crea identidades, las explicaciones funcionales anulan esta tensión: nadie tiene la culpa de que existan pobres, subordinados o discriminados. Nadie gana nada con ello. Simplemente el sistema genera marginación como la producción genera basura y algo hay que hacer con ella. Ocultarla o reciclarla, las metáforas no podrían ser más evidentes. La responsabilidad moral desaparece, tanto entre los que aplican las normas como entre los que las incumplen.

Al mismo tiempo, la identidad deja de ser una tensión, un juego de espejos culturales siempre en liza, y se convierte en una sustancia. Puesto que ser gitano debe ser algo más que no ser payo, se llena de contenidos igualmente míticos, positivos o negativos: los gitanos serán festivos e irresponsables, o víctimas pasivas de la pobreza, pero su identidad deja de ser una negociación a dos bandas. Lógicamente, el payo será lo que quiera ser y ningún payo admitirá nunca que su identidad sea sustancial, colectiva y sus transformaciones caídas del cielo. Es propio del grupo dominante ver con perfecta claridad la diferencia del otro y otorgarse la libertad de la autodefinición. Es propio también de todos los grupos hegemónicos negar que existan intereses contrapuestos y mecanismos de defensa de dichos intereses. Entre los componentes de una máquina no hay diferencias de oportunidades, ni intereses de clase, sino posiciones funcionales.

Así la cárcel, convertida en mecanismo externo a este juego, espacio a medio camino entre lo social y lo no social, ha perdido toda necesidad de explicación racional. En realidad, da lo mismo que rehabilite o no rehabilite, que las penas sean o no justas, que se repare a la víctima de un delito o no. Como espacio simbólico permite mantener el orden y mediar entre lo social y lo no social, diferenciándolo. Colabora con la idea, tan actual, de que la pobreza o el conflicto, o la discriminación, no son producto de la riqueza, el orden social o el interés de un grupo, sino otra cosa, que puede ser apartada, mejorada mediante intervenciones, y en un mundo perfecto, abolida.