A lo largo de la investigación, nos ha sorprendido escuchar, de forma casi unánime, la opinión de que las medidas policiales y penales no sirven frente al problema del abuso de drogas e incluso pueden crear más problemas que los que pretenden solucionar. Esta opinión ha sido expresada por policías, jueces/zas, asistentes sociales, médicos, políticos/as y funcionarios/as de los centros penitenciarios.

Aun más sorprendente es el contraste entre esta opinión y la política actual en esta área, así como la débil representación que ésta encuentra en el debate político y social. Frente a este problema social de grandes (y a menudo trágicas) dimensiones, en lugar de reflexión y discusión pausada, se encuentra una práctica no cuestionada de detenciones numerosas y largas condenas. La adopción de esta política se ve apoyada a menudo en el argumento de que el sistema actúa porque la población mayoritariamente lo pide. En otros casos, se responde con la afirmación exculpatoria de que mientras el gobierno de los EEUU se oponga a otras alternativas, no hay nada que hacer.

En nuestra investigación hemos encontrado importantes indicios de que esta política no sirve para reducir la oferta de estupefacientes y, muy poco, para reducir el consumo (11) y los daños que éste causa. Incluso puede aumentar los daños y delitos colaterales, y con un gran coste económico, policial, judicial y penitenciario, por no mencionar el aumento de problemas de desestructuración y exclusión de las miles de personas encarceladas debido a la actual política criminal en materia de drogas y las repercusiones sobre sus familias. Además hay indicios de que dicha política afecta de forma tremendamente desproporcionada a los sectores más pobres y marginados de la sociedad.

Aunque no es este el objetivo central de nuestro estudio, pensamos que la actual política represiva frente a la venta de determinadas drogas, es un tema que influye mucho en la realidad que estamos tratando, ya que un 60% de las reclusas gitanas están encarceladas por delitos contra la salud publica y la gran mayoría del otro 40% de reclusas están por delitos contra la propiedad relacionado con el consumo. Cualquier intento serio de abordar de forma global la situación de las gitanas frente al sistema penal, tiene que insistir en la necesidad de replantear este debate.

Así pues, sólo queremos plantear algunas de las conclusiones empíricas a las que hemos llegado, limitándonos básicamente a la cuestión de la eficacia de la actual política frente a la venta de drogas, qué consigue y a qué precio. No es éste el lugar para proponer una nueva política con relación a las drogas, ni por supuesto queremos minimizar los problemas que acarrean las políticas de despenalización, ni tampoco hacer una apología del consumo de drogas. Sólo deseamos expresar nuestra firme convicción de que las herramientas punitivas actuales simplemente no sirven.

Quizá el dato más elocuente sea que en los últimos años, a pesar de que miles de personas han sido condenadas a penas de prisión por tráfico de drogas, no sólo no se ha conseguido restringir la oferta, sino que es mayor que nunca. Los precios de las drogas mas consumidas: heroína, cocaína, drogas de diseño o marihuana, han sufrido un descenso importante y continuado, a la vez que la calidad o pureza ha ido mejorando. A la vez, no hay ningún estudio que muestre que este descenso en los precios haya influido en el aumento de los niveles de consumo.

En un estudio realizado por el Plan Nacional sobre Drogas, el 26% de los entrevistados afirma que es "facil-a muy fácil" conseguir heroína o LSD en menos de 24 horas y este porcentaje aumenta en casos de consumidores habituales. En el caso de cocaína y drogas de diseño, la cifra es del 28%.

También podemos ver que el tráfico de drogas esta fuertemente condicionado por la demanda y no por la oferta. El estereotipo del camello en la puerta del colegio buscando nuevos mercados es eso, un estereotipo, y desde luego en el caso de las vendedoras gitanas, éstas no buscan nuevos clientes. Más bien compiten por consumidores existentes, que les buscan a ellas. Un estudio, realizado por Juan Gamella (12), describe con gran precisión el patrón de introducción al consumo de heroína en un barrio pobre de Madrid entre 1978 y 1990. Muestra claramente que los nuevos usuarios fueron introducidos por amistades y conocidos y no parece que el proselitismo fuera motivado por el objetivo de buscar nuevos clientes para la venta.

Al principio de este capítulo hemos explorado la dudosa eficacia de la cárcel como forma de prevenir delitos, tanto a la hora de disuadir a las personas de cometerlos, como a la hora de conseguir que alguien que ha sido encarcelado no vuelva a delinquir (13). En el caso del delito de venta de drogas parece más que dudosa la eficacia de esta herramienta punitiva.

Uno de los argumentos para la utilización de la cárcel es la idea de incapacitación: es decir mientras alguien esta encarcelado, no pude delinquir, lo que reduce el volumen de crímenes en la sociedad. Sin embargo, diversos estudios indican que los efectos de la incapacitación sobre los niveles de actividad delictiva son relativamente pequeños en algunos delitos, y casi inexistentes en otros, como el tráfico de drogas (14). Elliot Currie trata este tema en profundidad en su citado libro, Crime and Punishment in America, y concluye que en la actividad de venta de drogas, se da un factor de sustitución inmediato: cuando se encarcela a un dealer, otro toma el relevo.

También en las primeras páginas de este capítulo hemos concluido que la experiencia de la cárcel puede aumentar las posibilidades de un futuro delictivo, en lugar de servir como una experiencia de rehabilitación. Entre las mujeres gitanas hemos encontrado expresiones de dos importantes fenómenos en relación con esta dinámica. Por un lado, la desestructuración del entorno familiar puede ser enorme, teniendo en cuenta el rol fundamental que juegan estas mujeres, como centro de la familia. Las mujeres gitanas, una vez en libertad, muy a menudo encuentran a su familia en una situación de gran deterioro, después de que, en muchas ocasiones, esa fuese la motivación inicial para entrar en el negocio del tráfico de drogas. Por otro lado, en muchos casos, la detención y el juicio han añadido una carga adicional a la ya larga lista de responsabilidades de las mujeres gitanas: afrontar el pago de la droga incautada al proveedor, los altos costes del abogado y los bienes familiares que también han sido incautados. Todo esto hace que a su salida en libertad se encuentren en una situación aún más precaria que la que antes de entrar, con el consecuente riesgo de volver a actividad delictiva. Y, al final, está la terrible ironía de que la cárcel es el lugar donde muchas personas se inician en el consumo de drogas y salen en libertad con graves drogodependencias.

Hay otro factor que hace que una política represiva frente al tráfico de drogas pueda influir en el aumento de las actividades delictivas. Las actuaciones policiales y judiciales que consiguen que haya una menor oferta de drogas, tienen como efecto inmediato elevar el precio del producto. Aunque no se conocen experiencias donde esta represión haya tenido efectos duraderos a la hora de frenar la oferta, en el corto plazo la subida del precio es un factor importante que hace aumentar los delitos contra la propiedad para poder sufragar los precios más altos, particularmente en lo que respecta a la heroína.

Los bajos precios actuales de la heroína en comparación con épocas anteriores permiten que muchos adictos mantengan su hábito sin recurrir al delito. En Madrid, por ejemplo, con 2.000 o 3.000 pesetas de gasto diario, es posible evitar el "mono". Las implicaciones de esta lógica son importantes y hacen aún más sorprendente la aceptación de la utilidad de una política represiva frente a la droga para evitar delito, o para evitar el abuso de estupefacientes. (15)

Las limitaciones de una política punitiva, enfocada hacia el "menudeo" del tráfico de drogas, quedan aun más patentes cuando miramos las estadísticas de personas detenidas por esta actividad y las cantidades de droga decomisada en 1998, por la Policía Nacional, lo que representa la mayoría de detenciones por tráfico de drogas.

Fuente: Unidad Central de Estupefacientes. Estudios de Ciencia Policial, marzo-abril 1999.

Si calculamos la cantidad de droga decomisada a las personas detenidas con pequeñas cantidades (16) y la comparamos con las estimaciones del consumo total anual en nuestro país (17) , vemos que se trata de un porcentaje completamente insignificante. Sin embargo, han sido detenidas más de 35.000 personas, en un año, en casi 60.000 operaciones policiales.

Estas reflexiones cobran aún mas importancia si recordamos que cerca de un 80% de las 45.000 personas actualmente encarceladas en el Estado español, están presas por delitos relacionados con la venta o el consumo de drogas. Es decir, la política de la criminalización no sólo no funciona, sino que además tiene un altísimo coste.

Algunos de estos costes son:

• El mantenimiento de una persona en la cárcel está en torno a 6.000.000 pesetas al año.

• Los gastos de Ministerio de Justicia e Interior en la persecución, detención, juicio y encarcelamiento ascienden a 390 mil millones de pesetas.

• El coste de los delitos contra la propiedad para poder conseguir drogas (300 mil millones de pesetas) y el consecuente aumento en costes de vigilancia y policía, además del incalculable coste del aumento de la inseguridad en la sociedad. (18)

• Mas de 30.000 personas en la cárcel por delitos relacionados con la droga, con pocos efectos positivos sobre su desarrollo como personas y miles de familiares seriamente afectados.

• Creación de una cultura de consumo de drogas marginal, con el consecuente aumento de los efectos destructivos sobre la salud física y mental de miles de personas y efectos destructivos sobre sus familiares. La prohibición contribuye a hacer difícil el control de la calidad de las sustancias consumidas, aumentando la sobredosis y los efectos nocivos.

• La creciente corrupción y fortalecimiento de organizaciones internacionales de tráfico de drogas, que han mostrado ser resistentes a la política represiva.

• El aumento de una cultura punitiva, que pretende "encarcelar" problemas sociales profundos, como la exclusión, la agresividad, la inseguridad, la insolidaridad...

Existe un argumento habitualmente utilizado para continuar con la actual política de represión penal: sin ella el problema del consumo sería aún mayor. Esta conclusión, sin embargo, no se mantiene si se realiza un análisis de la raíz de las dinámicas actuales. No hay datos que relacionen el precio de la droga y el consumo. De hecho en la actualidad, se ha estabilizado el consumo de heroína, en un momento en el que los precios están más bajos que nunca. Y lo que se supone es que la única arma que tienen el Estado y la sociedad para disuadir una actividad no deseada, es la cárcel.

Por último queremos realizar un breve comentario acerca de la identificación socialmente extendida entre el consumo de drogas y actividad criminal. En un estudio citado en el libro Smoke and Mirrors, de Dan Baum, publicado en 1997 en los EEUU, se concluye que la gran mayoría de los adictos y adictas no recurren a la delincuencia para mantener su habito, sino que trabajan o "trapichean" a pequeño nivel. En el estudio de Clemente Martín, citado previamente, se estima "por lo alto" que el 14,9% de los consumidores y consumidoras compulsivos y habituales de heroína y cocaína financian su consumo, a través del robo. Lo que es cierto es que un alto porcentaje de delitos, particularmente delitos contra la propiedad, como los robos, son realizados por personas adictas. La idea de que la droga en sí misma lleva a la gente a delinquir, o que todas las drogas automáticamente convierten a quienes las consumen en personas violentas, es otra creencia bastante extendida, que hemos tratado en la sección anterior al hablar de la configuración del mito del "criminal". Al igual que la creencia de que todo consumidor es adicto.

Este estereotipo afecta más a los consumidores más pobres y marginales, ya que los consumidores que mantienen su consumo con ingresos del trabajo, no causan "alarma social". Esto ocurre entre los usuarios de cocaína, drogas de diseño y cannabis, pero incluso se encuentra este perfil entre los adictos a la heroína.

No queremos minimizar la tragedia de miles de drogodependientes, muchos de los cuales llevan años tratando de vencer una grave adicción. Más bien al contrario, pensamos que estas personas son las primeras víctimas de la actual política represiva hacia la oferta.

La identificación directa droga-crimen se ve también en la imagen del pequeño traficante como "vendedor de muerte". Nadie llamaría asesino al dueño de un bar o de un estanco, aunque los productos que venden causan más muertes que los estupefacientes. Estos estereotipos no han ayudado mucho en la búsqueda de soluciones más humanas y eficaces, frente a esta problemática. Del mismo modo que con las personas drogodependientes se ha ido ganando terreno en la estrategia de reducción de daños, nos preguntamos si no sería deseable y posible realizar el mismo intento con personas que se dedican al tráfico de "menudeo".

Queremos terminar estas páginas de reflexión, repitiendo que la posición adoptada en ellas no sólo creemos que es la más idónea para afrontar seriamente los graves problemas del abuso de drogas, sino que además reduciría de manera drástica los elevados costes, humanos y económicos, que lleva aparejada la actual política represiva.

11. La ilegalización de los estupefacientes puede disuadir a algunas personas de consumir, por el estigma que conlleva. Sin embargo, es posible estigmatizar actividades sin una repuesta punitiva, como lo prueba el ejemplo de la lucha contra el tabaquismo. Por otro lado, al ser una actividad ilegal, para muchos jóvenes su consumo se convierte en una forma de rebeldía, haciéndolo mas atractivo.
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12. "The Spread of Intravenous Drug Use and AIDS in a Neighbourhood in Spain", en Medical Anthropology Quarterly, 8, 1994.
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13. En nuestras conversiones con las mujeres en la cárcel comprobado la falta de capacidad de disuasión de la amenaza de cárcel, ya que frecuente afirmaban con resignación que "lo esperaban", que sabían que "tarde o temprano iban a caer".
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14. En todo caso, podría reducirse algo el nivel delictivo en las calles, pero no en otro espacio que forma parte de la sociedad: la cárcel. Y es que el argumento de incapacitación obvia un hecho importante, que dentro de la cárcel hay una alto nivel delictivo, aunque raras veces se denuncie y sólo se tenga constancia de los casos más graves. El hecho de que las víctimas sean los presos y las presas no despierta mucha preocupación entre la población, aunque, en teoría estas personas tengan los mismos derechos que cualquier ciudadano o ciudadana a ser protegidos frente a las acciones delictivas.
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15. Recientemente, un alto cargo de la policía comentó que, en una redada, se habían incautado 40 kilos de heroína y que ello era una buena noticia, pues reduciría el delito. Este es un buen ejemplo de la falta de rigor con que se analiza en este tema.
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16. La definición de "pequeña cantidad", según la Unidad Central de Estupefacientes, incluye hasta 500 gramos de heroína o cocaína.
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17. Según las estimaciones realizadas por Clemente Martín Barroso, basándose en datos de Encuesta Domiciliaria Sobre Uso de Drogas de 1997, del Plan Nacional sobre Drogas:

• En el caso de cannabis, son 6.158 kilos sobre un consumo total de 352.000 kilos (2%)
• En el caso de cocaína, son 53 kilos sobre un consumo total de 28.000 kilos (0,189%)
• En el caso de heroína, la relación es 20 kilos a 31.000 kilos (0,065%)
• En el caso de éxtasis, son 78.000 pastillas a 20.000 millones (0,4%)

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18. Las cifras son estimaciones realizadas por Clemente Martín Barroso, en "El coste económico del uso y abuso de las drogas ilegales", Estudios de Ciencia Policial, marzo-abril, 1999.
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